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| Imagen extraída de: politicospartidos.blogspot.com.ar/ El congelamiento del alquiler o la baja del precio de los mismos equivale a un aumento de sueldo. |
Más allá del Plan Procrear y los planes del IAPV, no se escuchan propuestas políticas para solucionar los problemas habitacionales. La cadena comienza con el problema de la tenencia de la tierra (urbana) y termina con la situación de calle. Hay algunos eslabones, que por su movilidad, resaltan: el sector inmobiliario, por un lado, y los inquilinos, por otro. Estos toman iniciativas y sus manifestaciones son claras: uno porque cuida su negocio y el otro porque padece la libertad de mercado con los que aquellos se manejan. Cada uno se organiza, propone y disputa. Mientras tanto, el sector de gobernantes pareciera que prefiere no hablar del tema, ni del papel que desempeña el Estado, ¿no será que muchos viven de la renta inmobiliaria?
Basta ver algunos ejemplos para justificar lo que se dice. En Paraná, los primeros días del mes de Marzo de 2016, se organiza la “Cumbre Inmobiliaria Federal, en defensa de la profesión”. El encuentro tendría un objetivo principal que es “acordar acciones para erradicar el ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario”. De ser así, se deduce que el sector se está viendo perjudicado en el seno de su trabajo debido a las irregularidades que se vivencian.
Así mismo, a nivel nacional, en Febrero de 2016 se realizó una conferencia de prensa donde el Frente de Inquilinos Nacional, presentó un proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas. "La principal problemática son los aumentos indiscriminados", dijo Gervasio Muñoz. En la presentación también se contó con la presencia y testimonios de organizaciones de inquilinos de La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, la Defensoría del Inquilino porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. "Este proyecto de ley apunta a garantizar y ampliar los derechos de los inquilinos, creemos que en la reforma del código civil no se contempló el desequilibrio del mercado inmobiliario, donde el inquilino siempre está en situación de inferioridad porque se especula con una necesidad básica como la vivienda", aclaró Pamela Gaita quien integró la mesa de conferencia de prensa.
NUEVOS Y VIEJOS CÓDIGOS
En agosto de 2015, con el cambio del Código Civil, la ley 23091 (sobre locaciones urbanas) perdió vigencia. Al respecto, Diario UNO de Entre Ríos, entrevistó a la asesora legal del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Cecilia Pagés. La misma se refirió a los Impuestos y señaló que “los debe pagar el locador, salvo que se disponga en el contrato que los debe pagar el locatario. “Juega mucho la autonomía y la voluntad, ya que hay muchas cuestiones que se pueden trasladar tanto al locador como al locatario”, apuntó. En cuanto a las Mejoras, señaló que “cambiaron los aspectos en cuanto a los arreglos urgentes o necesarios (por ejemplo, la rotura de un caño) los puede hacer el locatario, pero luego le puede pedir al locador que le reintegre el dinero del gasto”, remarcó.
En nuestro caso, en la provincia existe desde el 2006 la LEY Nº 9739 la cual habla de “LA EXISTENCIA DEL COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS”. Allí queda claro los DERECHO Y OBLIGACIONES con lo que cuenta y también su relación con el Estado, cuando le conviene su intervención.
En su artículo Art. 8º dice: “Los Corredores Públicos Inmobiliarios gozan de los siguientes derechos:
a) Percibir los honorarios devengados a su favor conforme lo convenido libremente con el cliente o mandante o lo que corresponda conforme a lo fijado por los tribunales en caso de regulaciones judiciales. En caso de no existir convenio previo con el cliente, regirán los aranceles sugeridos por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios”. En otras palabras, ellos mismos deciden qué precio poner, y vale remarcar, sin la intervención de Estado.
INQUILINOS ORGANIZADOS EN ORO VERDE
En simultáneo a estos hechos, como retrató Análisis, en la Ciudad Universitaria de Oro Verde, a kilómetro de Paraná, la capital de Entre Ríos, ya se han desarrollado dos reuniones de inquilinos. Allí se escuchó de todo y siempre queda en evidencia el abuso de poder con el que algunos en el sector inmobiliario se desenvuelven. Y no solamente en los tratos, promesas incumplidas o el no cumplimiento de los tiempos estipulas, sino hasta físico y moral; al abuso económico que en muchos casos se efectúan (expensas extraordinarias, arreglos que no tiene reintegro, altas tasas en las moras, elevados costos de alquiler en relación al sueldo, subas cada seis meses, comisiones injustificadas y fuera de la Ley, etc.), se suman las amenazas con tomar medidas judiciales a los que se manifiestan públicamente.
Una de estas personas, en la última reunión, dejó en claro el panorama: La Ley existe, y nos dicen (a los inquilinos) que hagamos respetar nuestros derechos; pero no existe lugar donde hacer escuchar nuestros reclamos y hacer valer nuestros Derechos. En síntesis, una intervención y protección de Estado.
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Basta ver algunos ejemplos para justificar lo que se dice. En Paraná, los primeros días del mes de Marzo de 2016, se organiza la “Cumbre Inmobiliaria Federal, en defensa de la profesión”. El encuentro tendría un objetivo principal que es “acordar acciones para erradicar el ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario”. De ser así, se deduce que el sector se está viendo perjudicado en el seno de su trabajo debido a las irregularidades que se vivencian.
Así mismo, a nivel nacional, en Febrero de 2016 se realizó una conferencia de prensa donde el Frente de Inquilinos Nacional, presentó un proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas. "La principal problemática son los aumentos indiscriminados", dijo Gervasio Muñoz. En la presentación también se contó con la presencia y testimonios de organizaciones de inquilinos de La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, la Defensoría del Inquilino porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. "Este proyecto de ley apunta a garantizar y ampliar los derechos de los inquilinos, creemos que en la reforma del código civil no se contempló el desequilibrio del mercado inmobiliario, donde el inquilino siempre está en situación de inferioridad porque se especula con una necesidad básica como la vivienda", aclaró Pamela Gaita quien integró la mesa de conferencia de prensa.
NUEVOS Y VIEJOS CÓDIGOS
En agosto de 2015, con el cambio del Código Civil, la ley 23091 (sobre locaciones urbanas) perdió vigencia. Al respecto, Diario UNO de Entre Ríos, entrevistó a la asesora legal del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Cecilia Pagés. La misma se refirió a los Impuestos y señaló que “los debe pagar el locador, salvo que se disponga en el contrato que los debe pagar el locatario. “Juega mucho la autonomía y la voluntad, ya que hay muchas cuestiones que se pueden trasladar tanto al locador como al locatario”, apuntó. En cuanto a las Mejoras, señaló que “cambiaron los aspectos en cuanto a los arreglos urgentes o necesarios (por ejemplo, la rotura de un caño) los puede hacer el locatario, pero luego le puede pedir al locador que le reintegre el dinero del gasto”, remarcó.
En nuestro caso, en la provincia existe desde el 2006 la LEY Nº 9739 la cual habla de “LA EXISTENCIA DEL COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS”. Allí queda claro los DERECHO Y OBLIGACIONES con lo que cuenta y también su relación con el Estado, cuando le conviene su intervención.
En su artículo Art. 8º dice: “Los Corredores Públicos Inmobiliarios gozan de los siguientes derechos:
a) Percibir los honorarios devengados a su favor conforme lo convenido libremente con el cliente o mandante o lo que corresponda conforme a lo fijado por los tribunales en caso de regulaciones judiciales. En caso de no existir convenio previo con el cliente, regirán los aranceles sugeridos por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios”. En otras palabras, ellos mismos deciden qué precio poner, y vale remarcar, sin la intervención de Estado.
INQUILINOS ORGANIZADOS EN ORO VERDE
En simultáneo a estos hechos, como retrató Análisis, en la Ciudad Universitaria de Oro Verde, a kilómetro de Paraná, la capital de Entre Ríos, ya se han desarrollado dos reuniones de inquilinos. Allí se escuchó de todo y siempre queda en evidencia el abuso de poder con el que algunos en el sector inmobiliario se desenvuelven. Y no solamente en los tratos, promesas incumplidas o el no cumplimiento de los tiempos estipulas, sino hasta físico y moral; al abuso económico que en muchos casos se efectúan (expensas extraordinarias, arreglos que no tiene reintegro, altas tasas en las moras, elevados costos de alquiler en relación al sueldo, subas cada seis meses, comisiones injustificadas y fuera de la Ley, etc.), se suman las amenazas con tomar medidas judiciales a los que se manifiestan públicamente.
Una de estas personas, en la última reunión, dejó en claro el panorama: La Ley existe, y nos dicen (a los inquilinos) que hagamos respetar nuestros derechos; pero no existe lugar donde hacer escuchar nuestros reclamos y hacer valer nuestros Derechos. En síntesis, una intervención y protección de Estado.
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Otras fuentes consultadas, además
de las de primera mano: